Si el Consell fuera confesional, hoy estaría cincelando ese dicho popular de que Dios aprieta, pero no ahoga. Pongan Gobierno central donde dice Dios y la frase vale tal cual. Andan los responsables del ejecutivo tripartito valenciano preocupados por la situación de las arcas públicas, porque el presupuesto de este año contempla 1.500 millones más de ingresos y hay más de 700 con los que (por ahora) no puede contar por la inestabilidad política en Madrid, y se acaban de encontrar con 252 millones caídos del cielo.

La inyección, que no estaba prevista en este momento, llegó el pasado jueves, aseguraron fuentes del Consell, y corresponde al FOGA anual, el fondo con el que se compensa a las comunidades por la atención médica a ciudadanos extranjeros. Por este concepto entraron el año pasado 84 millones y en fecha diferente. De ahí la sorpresa.

La Conselleria de Hacienda presupuestó por una entrada de 300 millones por esta atención, pero era un ingreso en tela de juicio ya que el año anterior fue mucho menor. Con estos 252 millones en el bolsillo, el ejecutivo valenciano considera que recibirá el total previsto (los 300 millones).

Este fondo es diferente del que ha sido noticia los últimos días, el FOGA histórico, que es el que corresponde al pago por la asistencia a pacientes de otras autonomías. Tanto Ximo Puig como Mónica Oltra han aireado la deuda que el Gobierno central mantiene con la Comunitat por 344 millones por este concepto.

Presidente y vicepresidenta han respondido con este argumento a la última carta del Ministerio de Sanidad pidiendo un plan de ajuste a la administración local ante el aumento del gasto sanitario (en prótesis y renovación de material tecnológico, principalmente). No es el primer mensaje de este cariz que llega desde Madrid y ha soliviantado a los dirigentes valencianos, que ven cómo sus cuentas se descuadran entre otras cosas por la falta de un Gobierno estable en España, pero el ejecutivo en funciones sí actúa para exigir restricciones del gasto a algunas autonomías, la valenciana entre ellas.

En cuanto al futuro inmediato, el peor escenario es una repetición de elecciones, porque supondría que no habría Gobierno hasta 2020. Y sin un Ejecutivo constituido no se pueden aprobar las entregas a cuenta del sistema de financiación, que son 450 millones en el caso valenciano.