Un día después de la visita a Castelló del president de la Generalitat, Ximo Puig, durante la que anunció para el 2022 la reapertura del edificio de los antiguos juzgados de la plaza Borrull como sede de servicios sociales, el PP criticó las condiciones que Ayuntamiento y gobierno autonómico están negociando para hacer realidad la rehabilitación.
«Seremos los castellonenses los que pagaremos 12 millones de euros con nuestros impuestos en un edificio que acabará albergando dependencias de la administración autonómica, porque las políticas de Puig y Oltra siguen siendo un yo invito, pero tú pagas, siendo los perjudicados los de siempre, los vecinos de Castelló», valoró la portavoz del grupo municipal popular, Begoña Carrasco. Estos 12 millones son los que aportará el consistorio a la obra, mientras que el Consell abonará otros 4,8 millones a la adecuación, más el edificio, valorado en otros 6,2 millones, que pasará de tener de titularidad autonómica a municipal. Sin embargo, para el PP «el compromiso real de Puig con Castelló hubiera sido asumir el coste de la reforma del edificio y no endeudar a los castellonenses, como se ha hecho, ya que el Ayuntamiento asumirá la obra con un crédito», dijo Carrasco.
La portavoz popular subrayó que su formación está a favor de que el edificio de Borrull se ponga en uso y revierta en mejores servicios para la ciudadanía, «pero no a cualquier precio». Además, «no hay que olvidar que Castelló tiene otras prioridades, como invertir en infraestructuras educativas, en la residencia de la tercera edad, el centro de salud del Raval Universitari o la culminación de la ronda Oeste, entre otras, a las que Puig sigue sin poner fecha», manifestó Carrasco.
En cuanto a los plazos, criticó que la reforma de la antigua Audiencia Provincial «fue el proyecto estrella de la pasada legislatura, prometiendo el inicio de las obras para el 2018, pero el anuncio a bombo y platillo fue un engaño a los castellonenses. Una promesa incumplida más».
UN EDIFICIO Sostenible // Sobre el proyecto habló también ayer el portavoz del equipo de gobierno, Rafa Simó, sumándose a la previsión de Puig y pronosticando la apertura del inmueble para esta legislatura. El edil reconoció que se trata de una obra compleja, que se ha estado gestando durante más de dos años entre las administraciones local y autonómica y que confía en que esta legislatura vea por fin la luz. Sin avanzar muchos detalles de la intervención, cuyo expediente están ultimando los técnicos municipales antes de poder cerrar el convenio y licitarla, explicó que será «un edificio singular y sostenible en el que predominará el uso de material cerámico».
