Ratifica el fallo judicial sobre la ocupación ilegal de terrenos de la Avenida de França en el 2009

El Tribunal Constitucional condena a Vila-real a pagar 580.000 € por otra sentencia urbanística

Benlloch pide estudiar posibles responsabilidades que se deriven de esta «nueva herencia del PP»

El Ayuntamiento de Vila-real deberá finalmente hacer frente al pago de cerca de 600.000 euros fruto de una nueva sentencia urbanística. Menos de una semana después de las elecciones, el consistorio ha recibido la notificación de que el Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido a trámite el recurso de amparo que los servicios jurídicos municipales habían presentado contra el fallo judicial que daba la razón a unos propietarios de terrenos en la avenida de França, que vieron cómo sus parcelas fueron ocupadas en el año 2009 sin recibir un euro.

Se trata de «un nuevo varapalo», que supondrá el pago de 579.779 euros en concepto de indemnización a los dueños de las parcelas en cuestión, sobre las que el entonces equipo de gobierno del PP ejecutó la prolongación de esta avenida. «Es uno de los mayores empastres urbanísticos a los que nos hemos tenido que enfrentar en estos últimos 12 años: un vial que se abrió al tráfico sobre terrenos privados sobre los que nunca existió convenio alguno», hace hincapié el alcalde en funciones, José Benlloch, quien recuerda que, desde el año 2011 y hasta la fecha, «el Ayuntamiento se ha visto obligado a abonar más de 35 millones de euros en pagos por sentencias, convenios y otras contingencias derivadas «de los empastres y la ruina de la gestión urbanística del PP en Vila-real». El caso de la avenida de França, puntualiza, «es uno de los más flagrantes».

Benlloch recalca que, «como siempre» han hecho, han tratado de defender el interés general de los vecinos hasta agotar las últimas posibilidades jurídicas. «No porque creamos que los propietarios no tienen derecho a cobrar, sino por tratar de que los empastres y la ruina de la herencia del PP impacten lo menos posible en nuestra ciudad», explica el alcalde. «Hemos defendido hasta el final al Ayuntamiento. Pero al final la justicia ha dicho lo que ha dicho y el Constitucional no ha admitido a trámite el recurso», señala Benlloch. Para este supuesto, contrataron a uno de los más prestigiosos abogados de Madrid con gran prestigio en materia de expropiaciones.

"Es uno de los mayores empastres urbanísticos a los que nos hemos tenido que enfrentar en estos últimos 12 años"

José Benlloch

— Alcalde en funciones de Vila-real

Ahorro de 45 millones de euros

La máxima de defender hasta el final los intereses municipales ha permitido ahorrar más de 45 millones de euros en una década, tal como detalló Benlloch en abril, tras hacer públicas todas las sentencias y pagos urbanísticos derivados de la gestión del gobierno popular anterior: «Es curioso cómo el PP sigue sin abrir la boca ni dar explicaciones sobre la herencia urbanística que dejaron, que, sumada a la deuda, nos han supuesto a día de hoy el pago de más de 60 millones de los bolsillos de todos los vila-realenses».

De hecho, las obras de la prolongación de la avenida de França a las que se refiere la sentencia se financiaron con el préstamo de 20 millones de euros firmado por el PP, que se empezó a pagar en 2012. «Unas obras por las que nunca pagó ni un euro el gobierno del PP y que seguiremos pagando hasta el 2026», agrega el primer edil

Benlloch va a remitir a los servicios jurídicos el expediente para estudiar las posibles responsabilidades que puedan derivarse del pago de estos casi 600.000 euros en aras a defender al Ayuntamiento y «cada euro de los vecinos que se tiene que abonar por las irregularidades, ilegalidades y empastres que nos dejó el PP», concluye. 

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Benlloch recuerda que las obras y la ocupación del suelo se hicieron «sin convenio, ni expediente administrativo con los mínimos controles preceptivos de la Intervención municipal». «Se hizo con un simple protocolo de intenciones y autorización firmado por los propietarios y el exalcalde que suponían una bomba para la ciudad y ajeno a toda legalidad. En todas las sentencias de este asunto hasta la fecha, los tribunales han declarado aquella ocupación como ilegal», insiste.