el ministerio solo crea el 24% de lo solicitado

Castellón teme que la creación de juzgados se retrase por las elecciones

Con el ‘ok’ del TSJ y Conselleria para reforzar violencia sobre la mujer, Madrid tiene la palabra

Imagen de funcionarios trabajando en la ciudad de la Justicia de Castellón.

Imagen de funcionarios trabajando en la ciudad de la Justicia de Castellón. / MANOLO NEBOT

La violencia de género no deja de crecer en la provincia --o más bien de aflorar, según los expertos en la materia-- y la falta de juzgados se hace cada día más evidente, como publicó ayer Mediterráneo. En Castellón tan solo hay dos: uno en la capital de la Plana y otro, de carácter comarcal y pionero en España, en Vila-real. Este último se ha convertido, precisamente, en el que tiene una mayor carga de trabajo de toda la Comunitat, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y urge no solo refuerzos de personal, sino también la puesta en marcha del segundo juzgado de violencia sobre la mujer en Vila-real.

Tanto la Conselleria de Justicia como la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana consideran necesaria la creación de más juzgados en esta materia en la provincia y así lo han trasladado ya al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo último informe --favorable o desfavorable-- al respecto todavía no se ha emitido. 

Una vez se produzca ese paso, será el Ministerio de Justicia quien lo reciba y decida sobre la creación de nuevos órganos judiciales para Castellón.

Si este trámite es de por sí largo, la actual situación política --con la reciente convocatoria de elecciones generales para este verano-- hace temer a los profesionales de la justicia que la puesta en funcionamiento de nuevos juzgados se puede retrasar todavía más.

Lo cierto es que el bloqueo en la creación de órganos judiciales se da en el Ministerio. Un dato muy claro lo demuestra: De los 292 considerados «imprescindibles» por el CGPJ para este año en toda España, el Gobierno solo ha autorizado 70. Es decir, solo el 24%, ni siquiera uno de cada cuatro pedidos. Una postura que el máximo órgano de los jueces pidió el pasado abril al Gobierno «reconsiderar» ante la acuciante necesidad de desatascar la justicia.