Las cuentas, claras; por Juan Ramón Gil

El presidente Carlos Mazón anunció el martes la apertura de una investigación sobre la gestión del entramado de empresas y fundaciones que forman el llamado sector público de la Generalitat por parte de los gobiernos del Botànic, donde afirmó que la Sindicatura de Cuentas y la Intervención General han detectado alarmantes casos de enchufismo, nepotismo, falta de control del gasto, fraccionamiento de contratos y prácticas para eludir las normativas de licitación de la Administración, aunque ni la Sindicatura ni la Intervención han encontrado que se sepa irregularidades susceptibles de transformarse en denuncias que conlleven la exigencia de responsabilidades penales. Bien está la transparencia, sobre todo en una Comunidad que ostenta el lamentable título de haber sido la primera de Europa en ser sancionada por los organismos comunitarios de Bruselas por el falseamiento sistemático de sus cuentas por parte de todos sus gobiernos entre 1988 y 2012. Pero esperemos que no nos conformemos con quedarnos sólo en jugar con el fango para ensuciarnos más que por limpiar de una vez por todas el campo.

Lo digo porque actuaciones como la puesta en marcha por Mazón, a cuyas declaraciones siguió enseguida la iniciativa de crear una comisión de investigación parlamentaria que permita estirar el chicle a voluntad, no son nuevas. Figuran en todos los manuales de práctica política y no hay gobierno recién llegado, cuando cambia de color, que no haya anunciado una acción similar respecto al Ejecutivo saliente. Abrir cajones, levantar alfombras. Ocurre sin embargo que esas causas generales proporcionan muchos titulares, pero escasas consecuencias tangibles. En esta Comunidad, para no ir más lejos, tres de sus presidentes se han sentado en el banquillo o lo van a hacer próximamente. Pero ninguno de ellos (ni de los numerosos consellers que les han acompañado en tan penoso trámite) lo han hecho por investigaciones que partieran de la propia Administración autonómica.

El contexto en que el anuncio de Mazón se ha producido, precisamente cuando está próximo el inicio del juicio contra los expresidentes Zaplana y Olivas por presunta corrupción y se espera que se dé a conocer la sentencia sobre una más de las múltiples derivadas del caso Gurtel en las que se vio envuelto el expresidente Camps, todos ellos del PP, tampoco mueve a la confianza respecto al fin último de la fiscalización que se pregona. Y el horizonte electoral de los próximos meses, con unas gallegas y unas europeas que no van a tener nada ni de gallegas ni, desgraciadamente, de europeas, pero que en el caso de estas últimas supondrán el primer test para comprobar el estado de salud de cada partido desde el cambio en el Consell, no abona precisamente la esperanza de que todo esto esté movido por un auténtico afán regenerador. Antes al contrario, ya están todos los contendientes en las mismas casillas de salida de siempre: la izquierda, en la de la derecha corrupta a la puerta de los juzgados; la derecha, en la de la izquierda del descontrol y el despilfarro del dinero público.

En todo caso, habrá que esperar que en las próximas semanas el presidente Mazón nos dé más información sobre lo que pretende hacer y, sobre todo, respecto a cómo lo va a hacer. Porque si lo que se persigue es devolver la transparencia y las buenas prácticas al conglomerado de sociedades públicas de la Generalitat, creado y sostenido bajo cualquier gobierno precisamente para burlar los corsés normativos que el ordenamiento administrativo impone, resulta ineludible ser transparente en los procedimientos. El jefe del Consell ha anunciado nada menos que una auditoría forense. Y eso no es una cuestión baladí. Implica que asesores externos entren en las tripas de todas esas sociedades vinculadas a la Generalitat a la búsqueda de posibles delitos susceptibles de ser llevados ante los tribunales. ¿Cómo se va a articular? No se ha dicho aún. Lo que sabemos es que en España hay pocos despachos capaces de acometer semejante tarea y que el contrato, si se quiere hacer en serio, será forzosamente de un montante económico elevado y con un plazo de ejecución que también deberá ser generoso. Por ello, estaría bien conocer lo más pronto posible de qué estamos hablando, en cuanto a costes, en cuanto a tiempo y en cuanto a salvaguardas en la contratación de esos trabajos con bufetes, por cierto, muy bien implantados en la Comunitat y algunos de ellos históricamente muy estrechamente relacionados con el propio Gobierno de la Generalitat, da igual si estaba encabezado por un dirigente popular o por uno socialista. Porque se trata de dejar las cuentas claras. Las pasadas, necesariamente. Pero las que estén por venir, también.

Director general de Contenidos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana