DATOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

El fenómeno okupa golpea a Castellón con el cuádruple de casos que en 2015

Vecinos de Lledó celebran la marcha del líder de la mafia pero piden más vigilancia

Agentes de la Policía Nacional en un chalet del PAU Lledó donde frustraron una okupación días atrás.

Agentes de la Policía Nacional en un chalet del PAU Lledó donde frustraron una okupación días atrás. / MEDITERRÁNEO

El fenómeno okupa castiga a la provincia y los casos detectados al año ya son el cuádruple que en el año 2015. Así se desprende de los datos facilitados por el Ministerio del Interior, que evidencian que entre enero y noviembre del 2022 se produjeron 276 delitos y faltas de este tipo en Castellón, frente a los 74 de hace siete años.

Mediterráneo viene informando del calvario que los vecinos de una de las zonas más caras de la capital de la Plana, el PAU Lledó, llevan viviendo desde hace meses. En el barrio se han okupado viviendas de alto standing, se han registrado robos, amenazas, ruidos y enganches ilegales al agua de las comunidades de vecinos. 

Cautela entre los vecinos

Aunque la marcha del que presuntamente era el líder de esta mafia okupa --ha dejado el chalet en el que se instaló hace nueve meses, como publicó ayer este diario-- ha alegrado a los legítimos propietarios, los residentes de Lledó no lanzan las campanas al vuelo e insisten en la necesidad de reforzar la vigilancia policial.

Cabe recordar que precisamente el presunto líder de los okupas protagonizó un altercado hace tan solo unos días cuando intentó instalar wifi en dicha vivienda, contratando a una empresa para este fin, como ya recogiera este periódico. Al advertir un testigo al operario de que se trataba de una casa okupada, el trabajador rechazó hacer la instalación del servicio de internet y el okupa amenazó al vecino en cuestión --una persona de avanzada edad--, llegando incluso a llamar a la Policía Local. 

«Cualquier vivienda es susceptible de ser ocupada, esté o no habitada. Actualmente los amigos de lo ajeno poco se juegan con intentarlo», lamentan los afectados por el movimiento okupa del PAU Lledó. En este sentido, lamentan que «las leyes sean benévolas para el infractor» y que los legítimos propietarios tengan que hacer frente y «sin falta» a «todos los impuestos que nos pasen», mientras otros «delinquen a sus anchas».

Los vecinos tienen previsto realizar próximamente una reunión para hablar del asunto e incidir tanto en las medidas de seguridad individuales, como colectivas.

Propuesta del PP

Desde el PPCS, que ha logrado los datos de Interior tras realizar una pregunta parlamentaria, piden una legislación más dura frente a los okupas. «Es dramático ver cómo familias que han ahorrado durante toda su vida para adquirir un inmueble se ven indefensas ante la okupación ilegal de su casa», afirma el diputado por Castellón en el Congreso en la Óscar Clavell, quien señala que «es un problema que estamos preparados para resolver con una ley que proteja a las víctimas y condene al delincuente». 

Y todo ello, señala Clavell, «con una atención cercana, estrecha y próxima que atienda los problemas de los vecinos y que canalice, a través de una oficina antiokupación los registros reales de un problema que los datos facilitados por el Gobierno de España reconocen que crece sin freno». La propuesta de crear una oficina en Castellón ya fue adelantada por la portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ana Vázquez, en su reciente visita a la capital de la Plana.

Benicàssim, Orpesa, Nules o Vinaròs tampoco se salvan

La okupación de viviendas se extiende de norte a sur y de este a oeste de la provincia. En el último año Mediterráneo ha recogido un importante número de casos detectados en la capital de la Plana --PAU Lledó, Paseo Morella, calle Dean Martí, Raval Universitari etc.--, pero también de otras localidades. En Benicàssim, una finca okupada casi al completo en la plaza de los Dolores causó graves problemas de convivencia. En Orpesa, tres okupas han sido recientemente condenados a pagar solo 450 euros por usurpar una vivienda y utilizarla durante dos meses. En Nules, varios okupas tomaron el pasado verano un edificio de la primera línea de la playa. Finalmente, ante la presión vecinal y mediática, abandonaron la finca, procediendo el propietario y la Guardia Civil a asegurar las entradas.

En Vinaròs, la Policía Local ha actuado de manera eficaz para frenar algunos asaltos a casas, como el que detectó una asistencia al limpiar una segunda residencia. Los agentes pudieron echar a los okupas.

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