GRAVES PROBLEMAS DE CONVIVENCIA

Malestar en la finca okupa del raval de la UJI al quitar la Generalitat al vigilante

Vivienda contrata ahora un servicio de mediación comunitaria que los vecinos tildan de «insultante»

Imágenes de las zonas comunes del edificio del raval universitari con okupas.

Imágenes de las zonas comunes del edificio del raval universitari con okupas. / MEDITERRÁNEO

Malestar in crescendo en el número 15 de la calle Joaquín García Girona de Castelló, en el edificio propiedad de la Generalitat valenciana y destinado a alquileres sociales donde existen graves problemas de convivencia vecinal a causa de la presencia de okupas en casi una decena de pisos. Como viene publicando Mediterráneo desde hace un año y medio, la suciedad y los desperfectos abundan en el edificio, una situación que desespera a los legales inquilinos y ha motivado numerosas quejas al Evah (Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl), dependiente de la Conselleria d’Habitatge que dirige Héctor Illueca.

Vecinos afectados por el clima de hostilidad, amenazas, daños en mobiliario comunitario y acumulación de basura en zonas comunes se muestran, además, «indignados» con el hecho de que la Generalitat valenciana haya prescindido de los servicios del vigilante que el año pasado se subcontrat para poner coto a los okupas. Concretamente, como señalaron entonces desde la secretaría autonómica, el objetivo era «poner fin a los comportamientos incívicos y que en las viviendas okupadas haya una intervención social y judicial para que el resto de los residentes puedan vivir tranquilos».

Sin embargo, los residentes se han visto sorprendidos en los últimos días por la noticia de la finalización del contrato del vigilante y la implantación de un servicio de mediación comunitaria que consideran «insultante». «Lo primero que hicieron los okupas fue romper las cámaras de seguridad en cuanto el vigilante se marchó. Hay también daños en buzones y manecillas de puertas, además de un clima de insalubridad por el abandono de bolsas de basura en rellanos y portales», afirman.

Los residentes en el número 15 de García Girona se sienten «abandonados» y critican que «ni siquiera estando la persona de seguridad pudieron impedirse nuevas okupaciones». Recuerdan que los intrusos accedieron a una vivienda que estaba tapiada y que la policía no pudo echar a los okupas.

Por todo ello, exigen medidas que estén al nivel de los problemas de convivencia e insalubridad que padecen en un edificio, recuerdan, que es responsabilidad de la Generalitat.

Conflictos en el PAU Lledó y el centro

El Paseo Morella y la calle Dean Martí han constitutido en los últimos meses otro de los focos del problema de la okupación en la capital de la Plana. Allí, los vecinos han denunciado entradas ilegales a domicilios de distintas fincas, insultos a los propietarios, amenazas, ruidos nocturnos y daños en timbres y zonas comunes, como ha ido recogiendo Mediterráneo en sus páginas.

Pero si hay dos zonas de Castelló que han sufrido problemas notables recientemente son el PAU Lledó y la zona centro --a la altura de la calle Tosquella, Virgen de la Balma y adyacentes-. 

En el caso de Lledó, como publicó ampliamente este diario, una mafia se dedicó durante varios meses a invadir chalets, enganchándose al agua de las comunidades y colocando cámaras de vídeo ilegales enfocadas a la calle. La desesperación de los vecinos de una de las zonas más caras de Castelló era tal que llegaron a organizarse por WhatsApp, a reunirse con representantes políticos y a instalar alarmas y sistemas de videovigilancia para proteger sus casas. Finalmente, el líder de la mafia abandonó el barrio, aunque aún hay casas okupadas.

El caso más reciente es el registrado en las calles Tosquella, Sagrada Familia y Virgen de la Balma, en pleno centro. Como avanzó este diario, en una vivienda sorprendieron a un okupa con un machete y en otros inmuebles se han registrado varios robos esta primavera para indignación de los vecinos.