Casi 80 empresas estrenan en Castellón buzón de denuncias anónimas

La cuenta atrás ha acabado. El pasado martes acabó el plazo para que las 74 empresas de Castellón cuya plantilla está integrada por más de 250 trabajadores tengan implantado un buzón de denuncias anónimas a través del cual empleados, proveedores o incluso clientes puedan trasladar a la compañía irregularidades o ilegalidades que hayan detectado. Pero esto es solo el principio. Las compañías de entre 50 y 250 profesionales (259 en la provincia) deberán implantar ese mismo canal antes del 1 de diciembre. Quien no lo haga, o adopte represalias contra los informantes, se expone a multas que se castigarán con hasta un millón de euros. 

El buzón de denuncias anónimas es una obligación que dicta la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción que aprobó el Gobierno en febrero y que dio de plazo a las grandes compañías hasta el 13 de junio. A aunque la entrada en vigor de la normativa ha cogido a buena parte de las compañías de Castellón con los deberes hechos, también ha generado dudas y confusión en otras muchas mercantiles. «La normativa española se ha excedido en mucho respecto a la legislación comunitaria, de ahí que una de las grandes disyuntivas a las que se enfrenta las empresa es saber cómo reaccionará la administración en lo referente a las posibles sanciones», explica Gala Trilles, especializada en Derecho Penal Económico y asociada Senior en el departamento de Litigación y Arbitraje de Garrigues.

Las empresas estrenan los nuevos buzones de denuncias anónimas

Jornada en Castelló

Para disipar cualquier duda, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) está organizando jornadas para abordar las novedades que incorpora la normativa. El próximo 29 de junio se celebrará una sesión en Alicante y la organización que en la provincia preside Luis Martí celebrará otra en Castelló el 4 de julio. Una jornada en la que se tratará los procedimientos que deben implantar las empresas para llevar a cabo las obligaciones que el texto legal conlleva tratado de buscar la mejor relación coste-eficacia. «El objetivo es dar una visión global de lo que implica la nueva normativa y de los procesos que deben seguir las empresas, tanto las que ya tengan esos sistemas, que van a tener que adaptarlos a la norma, como las que no lo tengan, que tendrán que implantarlo», añade Trilles que será una de las ponentes de la jornada de Castelló.

Pero, ¿qué tipo de denuncias recibirá el nuevo buzón que desde ya tienen que tener activo las empresas más grandes? Las reclamaciones pueden ser sobre cualquier materia que afecte al ámbito laboral (control de horarios, medidas de seguridad y salud... ) y el objetivo principal es que no existan represalias contra el informante. Por represalias se entiende, por ejemplo, despedir o no renovar al informante, imponerle una medida disciplinaria o modificar sus condiciones de trabajo.  

Un coste añadido

Una parte importante de las empresas de más de 250 trabajadores ya disponen de herramientas para prevenir la comisión de delitos penales dentro de la organización, pero los expertos apuntan a que el problema vendrá cuando les toque el turno a las de más de 50 empleados. Muchas necesitarán contar con la ayuda de gestores externos y eso, inevitablemente, supondrá un gasto añadido.

La ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción afecta a las empresas de más tamaño, pero también a otras muchas instituciones. Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, diputaciones provinciales gobierno autonómicos, partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales deberán contar antes del 1 de diciembre con ese buzón de denuncias anónimas. 

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