La Diputación de Castellón plantea ayuda económica y técnica a los municipios afectados por macroplantas solares

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina defiende "la compatibilidad de las energías renovables, la sostenibilidad medioambiental, la ordenación del territorio, el desarrollo económico, y todo ello desde el consenso y el diálogo con todos los agentes implicados". Pero hay casos en los que existen dudas sobre la adecuación de determinados proyectos presentados, especialmente en lo que se refiere a las macroplantas solares previstas en la provincia, que en la mayoría de casos afectan a localidades pequeñas, con escasos recursos para analizar los planes y presentar alegaciones.

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Para atender a estas necesidades, la Diputación ha mantenido una reunión con alcaldes y concejales de municipios afectados. Un encuentro en el que han participado la presidenta de la institución, junto a la vicepresidenta María Ángeles Pallarés y el diputado José María Andrés, con el fin de conocer el estado en el que se encuentran los diferentes proyectos en los municipios afectados y explorar posibles vías de ayuda.

Conocer las necesidades

Barrachina señaló que se ha pasado "una ficha de análisis para conocer las necesidades específicas de cada uno de los ayuntamientos". Se han puesto encima de la mesa dos posibles vías de ayuda. Por un lado, la contratación de un servicio de asesoría jurídica externa para atender las alegaciones que presenten los ayuntamientos a los megaproyectos que se quieran instalar en sus territorios. Y, por otro, sacar una línea económica específica para ayudar a estos municipios en los gastos que ya han tenido o tendrán, como puede ser en la contratación de gabinetes especializados.

"Estamos al lado de los municipios con hechos y acciones, defendemos el presente y el futuro de nuestra provincia, protegemos el territorio y los intereses de todos los vecinos que puedan verse perjudicados por este tipo de proyectos", indicó la presidenta provincial.

Participantes

En el encuentro estuvieron el diputado y alcalde de Sant Joan de Moró, Vicente Pallarés; la diputada y alcaldesa de Vilafamés, Marisa Torlà; el alcalde de les Useres, Jaime Martínez; la alcaldesa de les Coves de Vinromà, Irma Povedano; el alcalde de Cabanes, David Casanova; el alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa; el alcalde de Benlloch, Ángel Ribes Bellés; la concejala del Ayuntamiento de Vall d’Alba, Silvana Mas; la concejala del Ayuntamiento de Alcalà de Xivert, María Agut, y el concejal del Ayuntamiento de Vilanova d’Alcolea, Josep Miquel Ribés Pallarés.

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Barrachina explicó que tras este primer encuentro "habrá más reuniones para seguir avanzando en la defensa del territorio tanto entre los municipios que están afectados en la actualidad por los diferentes proyectos como con localidades que pueden estar afectadas en un futuro", y añadió que desde la administración provincial "vamos a ponemos a disposición de la ciudadanía los recursos necesarios para que los municipios puedan disponer de los mecanismos necesarios para poder defender el presente y el futuro de nuestra provincia, proteger el territorio y los intereses de todos los vecinos que puedan verse perjudicados por este tipo de proyectos".

Reivindicaciones

Desde la Diputación se comprometen a trasladar tanto a la Generalitat como al Gobierno de España las demandas y reivindicaciones de los municipios afectados, ya que dichas administraciones superiores son las responsables de aprobar las megaplantas. En este sentido, la Diputación presentará las alegaciones pertinentes a los proyectos que puedan afectar al territorio y a los que los municipios manifiesten su rechazo.

"Durante mucho tiempo hemos reivindicado que se atienda a los ayuntamientos, muchos de ellos pequeños y con recursos limitados, para que sus necesidades y sus demandas se oigan ante las administraciones superiores. Ahora ha llegado el momento de poder hacerlo, de escuchar el territorio porque creemos en las energías renovables pero creemos en nuestra provincia y no podemos dejar a un lado las necesidades de nuestros vecinos, de los agricultores, ganaderos, de aquellas personas que siguen apostando por vivir y trabajar en zonas rurales que precisan contar con oportunidades de futuro", subrayó la presidenta.

"La voz de los castellonenses ha ser escuchada y aquí es donde los ayuntamientos tienen mucho que decir, porque ellos son la administración más próxima a los vecinos y son conocedores de sus necesidades y preocupaciones", manifestó.