Rebelión de 240 familias de Castelló por el alquiler abusivo de un fondo buitre

A Juan Ramón Díaz le encanta su casa. Ubicada en el barrio Perpetuo Socorro de Castelló, en la frontera entre la capital y Almassora y conocido popularmente como el Barranquet, este pensionista vive con su mujer en un coqueto piso de unos cien metros cuadrados. No le falta de nada: suelo de tarima, un salón-comedor espacioso y bien amueblado y dos balcones con una excelente orientación. El próximo septiembre cumplirá diez años viviendo en régimen de alquiler en un piso al que accedió por un mecanismo de protección oficial. Empezó pagando 300 euros mensuales, gastos de comunidad incluidos, aunque a lo largo de los años la cuota fue subiendo en consonancia al IPC hasta alcanzar los 389 euros. Pero el mazazo ha llegado ahora. Su casero es un fondo buitre y hace un mes le comunicó por carta que su cuota de alquiler bonificado había llegado a su fin y que, a partir de ya, aumentaba 148 euros, hasta los 537,50. «Una subida así no la podemos asumir. Es imposible», denuncia.

Vídeo: Testimonio de un vecino afectado por las subidas del alquiler

Juan Ramón y su mujer cobran una pensión no contributiva y entre los dos ingresan menos de 1.000 euros mensuales. «Tenemos que destinar la paga de uno solo al alquiler. Y, además, hay que comer, abonar la luz, el gas... Los números no salen», explica este jubilado, gran aficionado a la fotografía, y que al igual que la mayoría de sus vecinos ha decidido rebelarse contra una situación que considera injusta y abusiva. «En todos estos años jamás me he retrasado ni un solo día en el pago del alquiler. Y quiero seguir pagándolo, pero lo que no puedo asumir de ninguna manera es la subida que, de golpe y porrazo, nos quiere aplicar la empresa», añade.

Al igual que este pensionista, la inmensa mayoría de las otras 239 familias que viven en la urbanización, compuesta por seis bloques de viviendas, está dispuesta a plantarle cara al fondo de inversión Voyager Investing UK, el propietario de los pisos de protección oficial y que ahora ha decidido eliminar la bonificación de los contratos de alquiler y subir las cuotas casi el 40%. Los vecinos, el grueso trabajadores con bajos ingresos y pensionistas con pagas reducidas, han empezado a movilizarse. Han colgado decenas de pancartas en los balcones denunciado el abuso del fondo buitre y de Altamira, la compañía española que gestiona los inmuebles, y han mantenido reuniones con responsables de la Conselleria de Vivienda y el Ayuntamiento de la capital para intentar que la empresa recapacite y de marche atrás. 

Subvenciones millonarias

Aunque la decisión del fondo buitre de eliminar la bonificación estaría dentro de la legalidad, los vecinos consideran que el incremento tan desmesurado de las cuotas es «ilegal desde el punto de vista moral», sobre todo si se tiene en cuenta que la constructora y antigua propietaria de la promoción (la empresa UMA) recibió subvenciones millonarias por parte de la Generalitat. Hace cinco años, esta empresa vendió los seis edificios a la canadiense Voyager que es, por tanto, el casero de los vecinos. 

Codi y Sofía Tanasuiz son otros de los afectados. Esta pareja de 42 y 38 años, respectivamente, entró a vivir en uno de los pisos de la urbanización hace ocho años. «Vinimos porque los alquileres, al estar bonificados, nos parecían asumibles», resume Codi, que trabaja en el sector de la seguridad. 

Pese a que la zona en la que viven carece de servicios, esta pareja de origen rumano hizo números. «Aquí estamos lejos de casi todo. No hay supermercados, ni tiendas, ni cafeterías, ni farmacias... Tienes que coger el coche hacer cualquier cosa. Pero, a cambio, pagábamos un alquiler de 360 euros. Ahora, con la subida que nos aplica Voyager tenemos que pagar 510. Una barbaridad. 500 es lo que cuesta el arrendamiento de un piso en el centro de Castelló. Y esto es el Barranquet», describe Sofía, quien recuerda que estas viviendas, al ser de VPO, se supone que están destinadas a familias con pocos recursos. «Hay muchos inquilinos que trabajan por horas y cobran 600 euros al mes o menos, ¿cómo van a poder asumir esas cantidades?», se pregunta.

Una de las cosas que más ha molestado (y también cabreado) a los vecinos son las formas con las que ha actuado tanto el fondo de inversión como la empresa Altamira. «Nos enteramos de que nos iban a subir el alquiler por una carta que nos llegó al buzón. Ni siquiera se han dignado a venir y dar la cara. Les hemos llamado, les hemos mandado correos electrónicos, pero hoy aún están por contestar», narra Maribel Montero, otra de las perjudicadas.

"Nos quieren echar a la calle"

Cuando Maribel entró a vivir en uno de los pisos, los inmuebles ya pertenecían al fondo buitre. «A los primeros inquilinos que llegaron les daban la oportunidad de un alquiler con opción a compra, pero esas condiciones ya no me las ofrecieron a mí», explica esta mujer que vive sola y cobra una pensión de 1.000 euros al mes. «Con ese dinero tengo que hacer frente a los 479,11 euros que me pide la empresa por el alquiler, cuando antes pagaba casi 150 menos», critica mientras expone la que, a su juicio, es la estrategia de la empresa. «Lo que quieren es hacernos la vida imposible para que nos vayamos todos y poner los pisos a la venta», argumenta. «Nosotros vamos a pelear, esto es un abuso en toda regla y no se puede permitir».

Junto a Maribel está Marilena Prodan. Lleva seis años en el residencial y su intención y la de su marido era optar al alquiler con opción a compra. «Siendo una VPO pensábamos que estaríamos protegidos, pero la cruda realidad es que no nos protege nadie», lamenta esta vecina que también considera «inasumible» la cuota que le hace pagar la empresa.

El subidón de los alquileres que acaba de aplicar la compañía llega a cambio de nada. «La empresa propietaria aquí no ha invertido ni un euro. No se hace cargo de ningún destrozo, las zonas comunes están llenas de desperfectos y en el garaje ya no puede haber más humedad y grietas. Hemos pedido cientos de veces que arregle los desperfectos, pero nunca nos han hecho caso», denuncia.

Otra de las que está dispuesta a presentar batalla es Mildreth Plata. Colombiana de nacimiento, pero con nacionalidad española, esta estudiante de doctorado en la Universitat Jaume I dice que se siente engañada. «Mi esposo y yo vinimos en 2018 porque el precio era asumible y, además, con la ilusión de comprar el piso al cabo de diez años. Ahora todo ha cambiado porque la cuota es imposible», detalla esta mujer de 51 años y que, como la mayoría, siempre ha pagado religiosamente.

No se dan por vencidos

 Aunque en la carta que les remitió el fondo de inversión a finales de febrero quedaba claro que el aumento se iba a producir en marzo, de momento los vecinos han optado por seguir pagando lo mismo que antes. «Hemos abonado la misma cantidad que en enero y febrero y en abril haremos lo mismo. A principios de año nos subieron la cuota un 2%, tal como marca la ley, y nos parece justo. Lo que es indecente es lo de ahora», reiteran confiados en que la administración les eche una mano.  

Suscríbete para seguir leyendo