Las 240 familias de Castelló afectadas por el fondo buitre redoblarán la presión

Las 240 familias del barrio Perpetuo Socorro de Castelló, conocido popularmente como el Barranquet, que se han rebelado contra la decisión del fondo buitre Voyager Investing UK de eliminar el alquiler bonificado e incrementar de golpe la cuota casi un 40%, van a seguir presionando. Los vecinos mantuvieron este domingo una reunión y diseñaron una hoja de ruta con la que pretenden pararle los pies a la empresa canadiense, propietaria de los inmuebles de VPO y a Altamira, la compañía española que los gestiona.

Los afectados, tal y como publicó Mediterráneo en la edición del sábado, consideran «abusivo» el alza de los alquileres (hay inquilinos que pasarán de pagar 389 euros a 537,50, una cantidad que la mayoría asegura que no puede asumir) y han acordado solicitar una reunión cara a cara con los representantes del fondo buitre para exigirle que de marcha atrás. «Hemos nombrado un portavoz por escalera y vamos a pedir un encuentro con la empresa para hacerle ver que , con la subida que nos aplica, lo único que conseguirá es disparar la morosidad», apunta una de las afectadas, que añade que también van a pedir a la empresa y al Ayuntamiento (propietario de las zonas que separan los edificios) que se hagan cargo de reparar los desperfectos.

Rebelión de 240 familias de Castelló por el alquiler abusivo de un fondo buitre

Los vecinos, la mayoría trabajadores con salarios bajos y pensionistas con una nómina reducida, han colgado decenas de pancartas en los balcones denunciando la decisión del fondo buitre. «Las pancartas van a estar ahí hasta que Voyager no de una solución. Sabemos que crean una mala imagen, ya que en los últimos días ha venido gente a ver alguno de los pisos que está en venta y ha salido corriendo», explica la afectada. 

La administración busca una solución

Tanto el Ayuntamiento de Castelló como la Conselleria de Vivienda conocen el problema y, de hecho, están intentando buscar una solución. Las dos administraciones, en manos de Unides Podem, son conscientes de que la decisión del fondo buitre de eliminar la bonificación de los alquileres se ajusta a la legalidad, pero tras reunirse con la empresa están analizando medidas para intentar amortiguar el golpe que supone la subida de las cuota. Y una de las que cobra fuerza es incrementar las ayudas públicas al alquiler que, al menos, reciben una treintena de afectados. «La idea es incrementar la cantidad que perciben y así poder cubrir el alza», explican desde la concejalía que dirige María Jesús Garrido. Otra opción es convencer a la empresa para que no elimine la bonificación de golpe y la subida de la cuota sea escalonada. «Somos optimistas y pensamos que habrá una solución», apuntan desde el ayuntamiento. 

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