Haciendo balance

Convocadas las elecciones, toca retornar a las urnas para someter a la consideración de la ciudadanía el futuro de las alcaldías existentes: renovación o continuidad, ese es el dilema. En consecuencia, es tiempo de hacer balance. También en las diputaciones, a pesar de que su sistema de elección no sea directo y su composición dependa de los resultados obtenidos por los partidos en los ayuntamientos de los distintos partidos judiciales.

Sinceramente, creo que, aunque hayamos podido cometer errores y no todo lo hayamos hecho bien, nos merecemos una muy buena nota porque, para empezar, fuimos capaces de apoyar a los ayuntamientos y a la ciudadanía en aquellos tiempos de zozobra, cuando los servicios sociales municipales no daban abasto para atender las urgencias provocadas por la emergencia sanitaria del covid-19. Ahora comprar mascarillas es algo de lo más sencillo, pero en aquel momento no las había en España y fuimos pioneros a la hora de gestionar la llegada de un gran cargamento desde China.

Y pese a las crisis, hemos hecho muchas cosas en estos casi cuatro años: lucha contra la despoblación, extensión de los servicios sociales, Plan Director del Agua, Circuito Cultural Provincial, defensa del sector cerámico y de nuestro patrimonio natural...

Y una muy importante: levantar la hipoteca reputacional que pesaba sobre la Diputación y la provincia de Castellón. Una tarea, debo ser justo, iniciada no sin dificultades, por mi antecesor, Javier Moliner, y que ha culminado el primer gobierno progresista de coalición de la Diputación de Castellón integrado por 12 diputadas y diputados del Partido Socialista y dos de Compromís.

Hemos tirado de presupuesto para hacer realidad nuestra máxima de reconocer la mayoría de edad y la autonomía municipal de los ayuntamientos.

66 millones de euros

De esta forma, en 2022 la Diputación transfirió a los municipios de la provincia 66 millones de euros en concepto de transferencias y actuaciones diversas, frente a los 18 millones de 2019. Hemos hecho que el dinero público fluya en la dirección correcta para que los ayuntamientos puedan prestar el mejor servicio posible a la ciudadanía. Y ha sido posible gracias al Fondo de Cooperación Local de la Comunitat Valenciana impulsado por la Generalitat, por el que mi equipo de gobierno ha apostado de una manera decidida.

En el periodo 2020-2023, la Diputación de Castellón transferirá 48 millones de euros a este Fondo, que sumados a los 33 millones aportados por la propia Generalitat valenciana permitirán que en idéntico periodo los pueblos se repartan 81 millones de euros. El cambio de modelo ha sido radical y, sobre todo, democrático y justo. Se acabó aquello de que la alcaldesa o el alcalde van a palacio a pedir apoyo económico para un determinado proyecto. Y se ha eliminado la tentación presidencial de ser más generoso con los ediles de su propio partido. Ahora todo el mundo sabe lo que le corresponde y dedica esos fondos públicos a lo que considera conveniente, sin que la Diputación ejerza tutelas de ningún tipo.

El Fondo es fundamental para los ayuntamientos, pero mucho más para los de los pequeños pueblos de interior. Por esto resulta inconcebible que el presidente de la Diputación de Alicante y aspirante por el PP a presidir la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, combata el Fondo, pidiendo incluso su derogación en los tribunales.

Me parece un craso error por ser una decisión política que ni siquiera entienden los alcaldes del Partido Popular, que en privado reconocen que nunca habían recibido tanto dinero como en el presente mandato.

Un presidente de filosofía no puede sino estar satisfecho: la mayoría de edad kantiana ha llegado a todos los ayuntamientos.

Presidente de la Ejecutiva Provincial de PSPV-PSOE

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