La ‘okupación’ es un problema

El problema de la ocupación ilegal de viviendas no es un fenómeno puntual o aislado de algunas zonas, sino que se ha convertido en un verdadero problema social y así lo cree hoy la mayoría de los españoles según recientes estudios, que concluyen que la ciudadanía española reconoce que la okupación es una cuestión que de verdad les preocupa.

Y es que si mal está apropiarse de una vivienda, deshabitada o no, peor nombre tiene hacerlo aprovechando la ausencia del legítimo propietario para colarse e instalarse en su casa, e impedir su entrada por muy desesperado que el okupa esté, iniciando así el verdadero calvario de denuncias y periplos por los juzgados al que se enfrentan los verdaderos propietarios de las viviendas ocupadas para intentar recuperar lo que es suyo.

Por ello, el pasado viernes, en el Ayuntamiento de Benicàssim presentamos una moción que pretendía que desde nuestro municipio, que no es ajeno a este problema, se prestara el respaldo necesario para dar apoyo a la tramitación parlamentaria de la iniciativa presentada por el Partido Popular en el Senado, para que el Congreso apruebe un texto legislativo adecuado a la dimensión del problema.

Porque la actual normativa es laxa y no se ajusta a la lamentable realidad en la que se ha transformado la ocupación ilegal de viviendas en España, y no ofrece soluciones jurídicas que permitan el desalojo rápido, lo que agrava el problema tanto para los legítimos titulares de las viviendas como para las comunidades de propietarios y vecindarios que ven alterada su rutina diaria, por problemas de convivencia y de inseguridad.

Marco jurídico adecuado

Por ello se hace urgente que instemos, desde el municipalismo, a que el gobierno afronte este problema que nos preocupa y se ponga a trabajar y aprobar un marco jurídico adecuado y preciso, partiendo de la tolerancia cero, hacia este fenómeno.

Sorpresivamente, por parte de los grupos de la oposición, PSPV-PSOE y Compromís, tuvimos que oír que este es un problema menor, «sin trascendencia» para Benicàssim, municipio que tampoco es ajeno a este fenómeno y que ya acusa intranquilidad, molestias y problemas entre los vecinos, que se sienten desamparados mientras los okupas campan a sus anchas.

Vecinos que, en la mayoría de los casos, han hecho verdaderos esfuerzos por adquirir su vivienda y ven cómo es ocupada de manera ilegal y, lo que es más grave, para poderla recuperar tiene que pasar por un rosario de penurias en los juzgados, que se dilatan durante años.

Lamentablemente, desde los Ayuntamientos no podemos ofrecer soluciones salvo reclamar una nueva legislación, pero ya se sabe que hasta el derecho más básico como es la defensa del bien privado parece que es cuestión también de ideologías, y prefieren obviar el problema llegando a votar en contra agachando las orejas, o ponerse de perfil y pasar de puntillas mirando hacia otro lado, pensando que «si no miran, el problema no existe», desdeñando así la preocupación de nuestros vecinos, optando por ser condescendientes con aquellos que ocupan ilegalmente la propiedad privada, otorgándoles a los ocupantes ese mismo halo romántico con el que en su día la izquierda envolvió al bandolero, pareciendo querer proteger más al okupa que al propietario.

Un despropósito que no se puede mantener por más tiempo, por eso necesitamos urgentemente modificar la ley actual por una que permita salvaguardar el derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución y dote a jueces, Policía Local y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los mecanismos y marco jurídico adecuado que les permita ejercer su función con seguridad y puedan desalojar en 24 horas a los okupas.

Porque la ocupación ilegal, nada tiene que ver con la necesidad de una vivienda o situaciones de riesgo de exclusión social. Por eso a un okupa se le desaloja y a una persona vulnerable se le ayuda, aunque haya partidos políticos que les ciegue la ideología y no sepan ver dónde está la diferencia.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora