La gamberrada de unos menores cuesta más de medio millón de euros a sus padres

Una gamberrada cometida por cuatro jóvenes que en el momento de los hechos tenían entre 14 y 17 años de edad va a costar a sus progenitores más de medio millón de euros. Concretamente, es de 557.563 euros la cantidad de la multa que una jueza de Jaca ha condenado a pagar a los padres de los cuatro menores que allanaron e incendiaron una vivienda situada en el Pirineo aragonés, propiedad de un notario de Zaragoza.

Los hechos juzgados y que acarrean la importante sanción económica se remontan al 17 de abril de 2022. La noche de ese día, sobre las 22.00 horas, cuatro jóvenes menores de edad entraron en un chalet situado en la localidad oscense de Castiello de Jaca y posteriormente provocaron un incendio que destrozó la vivienda al verter gasolina en un vaso de cristal y prenderle fuego, lo que provocó una llamarada que inició un incendio que ya no pudieron sofocar, a pesar de sus intentos, primero con agua y después con un edredón, acciones que provocaron el efecto contrario al pretendido por los adolescentes, avivando todavía más el fuego. Los menores acabaron por abandonar la vivienda, que quedó destruida pasto de las llamas.

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El relato de los hechos

Los cuatro adolescentes entraron en la vivienda por la puerta trasera y accedieron a la bodega de la casa, de la que sustrajeron varias botellas de vino. Un vídeo grabado por los menores y que la Guardia Civil rescató del teléfono móvil de uno de ellos ha sido la principales prueba incriminatoria. Los cuatro menores reconocieron ante la jueza haber entrado en la casa, pero alegaron que les pareció que estaba abandonada, un razonamiento que el dueño del chalet tiró por tierra aportando fotos de la vivienda, que compró en el año 2019, en perfecto estado.

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La sentencia

La sentencia de la jueza condena a los cuatro menores por allanamiento de morada y daños por imprudencia grave, pero su condición de menores hará que la multa la tengan que afrontar sus progenitores. Los padres, como responsables civiles, piensan recurrir la condena.

Dos de los adolescentes deberán pasar 12 meses bajo libertad vigilada, otro deberá acudir, bajo supervisión, a un centro de día, y el cuarto, ya mayor de edad, ha sido condenado a realizar durante medio año tareas socioeducativas.