ECONOMÍA

La mitad de las viviendas de Castellón estarán en zonas tensionadas: el alquiler se podrá regular

La nueva ley de vivienda situará al 47,3% de los hogares en áreas sujetas a la limitación de los precios

Un hombre mira unos carteles en el escaparate de una inmobiliaria.

Un hombre mira unos carteles en el escaparate de una inmobiliaria. / MEDITERRÁNEO

Elena Aguilar

Elena Aguilar

La futura ley de vivienda, que se aprobará en el Congreso de los Diputados previsiblemente a finales de este mismo mes, introducirá importantes cambios en el mercado del alquiler. Y uno de los más importantes es que la nueva normativa abre la puerta a que en Castellón casi la mitad de los inmuebles puedan estar sujetos a la limitación de los precios de los arrendamientos. Así lo establece un estudio de la consultora inmobiliaria Atlas Real Estate, que concluye que en el conjunto del país el 61% de la población vive en zonas susceptibles de ser limitadas. 

Hasta ahora para que una administración pudiera declarar una ciudad o un barrio como tensionada había que cumplir dos requisitos: que la carga del coste de la vivienda más los suministros básicos supere el 30% de los ingresos medios de la zona o que el precio del piso haya aumentado tres puntos por encima del IPC en cinco años. De acuerdo con estos parámetros, la Generalitat tenía catalogados como puntos calientes determinadas áreas de Castelló, Vila-real, Burriana, la Vall d’Uixó, Nules, Benicarló y Vinaròs (en los cuatro primeros municipios están localizadas el grueso de las 52 viviendas de la Sareb que la Conselleria está a punto de adquirir), pero con la nueva normativa las cosas cambian y la declaración de zona tensionada se podrá hacer efectiva cuando se cumpla tan solo una de las dos condiciones.

La Generalitat decidirá

Esas nuevas reglas del juego son las que posibilitan que el 47,3% de la población de la provincia resida en zonas susceptibles de ser consideradas como tensionadas, un hecho que va a tener una gran trascendencia. ¿El motivo? La nueva ley de vivienda da potestad a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para catalogar como caliente un área residencial (puede ser una calle, un distrito postal, un barrio, una ciudad entera... ) y, si esa administración así lo decide, puede topar los alquileres. Y puede hacerlo sin importar si la vivienda pertenece a un pequeño propietario o a un gran tenedor. También será indistinto si el piso acaba de salir al mercado o es un contrato de renovación.

La última palabra la tendrá, por tanto, la administración autonómica y en la Comunitat el conseller de Vivienda ya ha anunciado que aplicará la ley al día siguiente de su entrada en vigor. En una reciente entrevista en Mediterráneo, Héctor Illueca, aseguró que el Consell activará «de manera inmediata los mecanismos que permitirán regular los alquileres». 

En Castelló, Podem-Esquerra unida ya ha anunciado que pedirá, a través del Ayuntamiento, la declaración del Raval Universitari como zona tensionada, medida que de salir adelante permitirá regular el precio del alquiler fijando un tope del 3 % en 2024.

¿Quién lidera el ranking?

 Con la ley de vivienda se van a multiplicar las zonas tensionadas y Castellón no es ni mucho menos una de las provincias del país con más viviendas en áreas calientes. Baleares es donde más alcance tendría la nueva regulación del mercado residencial, ya que según el estudio de Atlas Real Estate el 94,7% de la población reside en una de esas zonas. Con números similares, Málaga cuenta con el 94,4% de sus residentes en áreas donde podrían limitarse los alquileres, mientras que en Madrid el porcentaje asciende al 89,9%. Otras provincias más afectadas son Valencia, Sevilla, Alicante, Las Palmas y Cádiz, donde entre el 63% y 83% de la población residen en códigos postales tensionados. 

La situación en la provincia es mucho mejor que en Madrid o Barcelona, pero en Castellón los precios de los alquileres tampoco dan tregua. En la capital, por ejemplo, han aumentado un 8,9% en el último año y el coste ya se sitúa en un promedio de 7 euros el metro cuadrado, lo que significa que arrendar un piso de unos 90 metros cuesta 630 euros. Y en otras localidades la tendencia es igual. En Vila-real, los precios han aumentado un 12,8% en el último año, mientras que en Burriana lo han hecho un 7,9% y en Vinaròs un 11,4%, según Idealista.

El Consell reclama dinero del Estado para la compra de pisos de la Sareb

El ladrillo ha irrumpido con fuerza en la precampaña de la mano del presidente del Gobierno. En cuestión de 72 horas, Pedro Sánchez ha anunciado dos planes para reactivar el mercado de la vivienda pública en España: la movilización de 50.000 pisos de la Sareb y la financiación de otras 43.000 con 4.000 millones de euros del ICO. 

De lo poco que ha trascendido destaca que Moncloa calcula en casi 5.000 las viviendas del banco malo susceptibles de integrarse en la iniciativa en la Comunitat. El problema es que esas viviendas las tendrá que pagar la Generalitat. Fuentes de la Conselleria de Vivienda avanzan que la intención es reclamar que el Estado aporte la financiación necesaria para abordar esas hipotéticas operaciones, ya que de lo contrario estas no serían «viables». m.l. belarte

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