Propietarios e inmobiliarias niegan el alquiler a quienes viven de ayudas públicas

Cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) implica contar con unos ingresos mínimos que garanticen una vida digna. Esa es la filosofía de dos ayudas (estatal y autonómica) que, sin embargo, no consiguen paliar uno de los principales problemas de la ciudadanía: el acceso a la vivienda. Y es que ni propietarios ni inmobiliarias quieren firmar un contrato de alquiler con alguien que tenga por ingresos el pago de estas ayudas, que son, además, inembargables. Es decir, ante un impago no se pueden embargar, ya que están diseñadas para garantizar unos ingresos mínimos. 

No se pueden embargar pero dependen del Estado, lo que debería suponer una garantía de cobro para el propietario. Sin embargo, lejos de ofrecer una sensación de seguridad, ya que «no dependen del sector privado sino de un sistema público de ayudas», ocurre todo lo contrario. Si los ingresos provienen del IMV o de la RVI no hay contrato de alquiler. Así lo denuncian las entidades sociales que trabajan con colectivos vulnerables y denuncian la imposibilidad de acceder a un mercado de vivienda que les niega la entrada. 

Para el portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de València, Vicente Díez, «la escasez de vivienda se traduce en que hay mucha competencia. Optar a una vivienda en alquiler con ingresos fijos de 200 o 500 euros al mes es un imposible, así que la única solución para estos colectivos que cobran el IMV o la RVI es la vivienda pública. Y aunque los ingresos sean mucho mayores. Si al final compites con gente que te duplica o cuadruplica la nómina esa será la opción que elija el propietario». Para el sector inmobiliario el problema se centra en «la falta de vivienda pública que hay porque el mínimo está muy lejos de la realidad actual». Es más, según el último informe de vivienda de Save The Children, las viviendas sociales que hay en la Comunitat Valenciana representan menos del 1% del parque inmobiliario. La cifra se sitúa por debajo de la media estatal, establecida en el 2,5%, y se aleja del 9,3% de la media europea. 

Sin viviendas disponibles

Además, no hay pisos disponibles en la Comunitat Valenciana para adjudicar ya que las nuevas compras y rehabilitaciones que se realizan se van adjudicando con cuentagotas. Eso sí, en la actualidad hay más de 13.336 personas en lista de espera para un alquiler social (según datos de antes de verano). 

El sector inmobiliario reconoce un aumento en los precios del alquiler ya que cifran en un «imposible» encontrar una vivienda por menos de 600 euros en València capital. Entonces, ¿qué solución hay para familias vulnerables? Desde Cáritas Valencia aseguran que la única opción» es el alquiler de habitaciones. «La mayoría de usuarios que atendemos en Cáritas en materia de vivienda tiene alquilada una habitación porque acceder a un piso para una familia es un imposible», explican, tras recalcar que el IMV o la RVI ayuda a estabilizar ingresos «pero no soluciona el problema de acceso a una vivienda digna». 

Suscríbete para seguir leyendo