La Generalitat presentará alegaciones contra el nuevo Reglamento de Costas

Consideran que los cambios previstos son «arbitrarios y crean inseguridad jurídica»

El texto es del 2022, pero fue anulado por el Supremo por falta de consulta pública

La regresión litoral ha hecho que las viviendas ubicadas a mucha distancia de la orilla, como en Nules, se encuentren cerca del mar y amenazadas de derribo.

La regresión litoral ha hecho que las viviendas ubicadas a mucha distancia de la orilla, como en Nules, se encuentren cerca del mar y amenazadas de derribo. / Mònica Mira

Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Conjugar la protección ante las amenazas del cambio climático, sin dejar desamparados a los propietarios de terrenos próximos. Este es el planteamiento que tiene la Generalitat ante el nuevo procedimiento relacionado con el reglamento estatal de Costas.

Un asunto controvertido, puesto que la filosofía del Ministerio para la Transición Ecológica es muy restrictiva, sobre todo en lo que respecta a los cambios de deslindes que marcan el dominio público marítimo-terrestre, así como a los periodos de concesiones. El Gobierno defiende los cambios por los efectos de la regresión marina, mientras que los afectados de Castellón, como Moncofa, Nules o Cabanes, señalan que hay varias formas de evitar la regresión, y que esta es debida a obras autorizadas por el Gobierno, como espigones de puertos.

Anulación por el Supremo

Los cambios normativos del Gobierno están marcados por un intenso debate. El Reglamento de Costas fue aprobado en el 2022, pero recientemente fue anulado por el Tribunal Supremo. La sentencia no entró en el fondo, sino que se está referida a cuestiones de forma: no hubo un procedimiento de consulta pública.

Desde el 1 de marzo ya está abierto este periodo, y la Generalitat piensa alegar. Su director general de Costas, Vicente Martínez Mus, comentó que esta norma estatal «ya la combatimos cuando estábamos en la oposición, y mantenemos el mismo criterio».

Reclamaciones

Las alegaciones ya están en fase de elaboración y se presentarán en los próximos días --hay de tiempo hasta el 1 de abril-- y se basarán en que la norma «es arbitraria, porque marca nuevos deslindes desde cualquier motivo, y esto crea una inseguridad jurídica», defiende Martínez Mus. Lo ejemplifica con un caso: «Antes, para hacer un deslinde tenían que existir varios temporales en un periodo determinado de tiempo, mientras que con esta norma, con una sola ola, podría hacerse este cambio».

En este sentido entró esta semana el secretario general del PP de la Comunitat, Juanfran Pérez Llorca, que visitó Moncofa, uno de los municipios en los que, según la asociación Casetes del Grau, hay un centenar de viviendas que podrían recibir una orden de derribo. Mientras se sufre esta amenaza, vecinos y alcaldes recuerdan que el plan de recuperación del litoral sur de la provincia lleva 10 años pendiente de ejecución.

Proyecto de ley autonómica propia

Una de las medidas estelares de Salomé Pradas al frente de la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio es la preparación de una ley autonómica de costas, que pretende regular la concesión de chiringuitos o revisar aspectos de la normativa valenciana de protección del litoral (Pativel). En estos momentos está en periodo de información pública..

Vicente Martínez Mus asegura que el objetivo es «recibir el máximo número posible de aportaciones». Pese a estas intenciones, existe el riesgo de choque de competencias con el Estado, como ya ha ocurrido con una iniciativa similar planteada por Galicia. La ley valenciana podría ver la luz dentro de un año.