El Tribunal Supremo tumba la reforma de la ley de Costas: las reacciones de los alcaldes de Castellón

La intención del Gobierno de España de endurecer la ley de Costas se ha dado de bruces con la justicia. El Tribunal Supremo ha anulado el real decreto con el que se reformó un ya restrictivo reglamento, estableciendo nuevos deslindes y complicando, más si cabe, la situación de las propiedades privadas construidas en dominio público marítimo-terrestre. La razón de la anulación es que el Alto Tribunal considera que se ha omitido el trámite de la consulta pública.

Tres de los cinco magistrados del Supremo obligan al Ministerio a recular con sus planes, al dar la razón a la Plataforma por el Deslinde de Costa Formentera. Eso supone que decaen el resto de recursos presentados, entre ellos los de los ayuntamientos y asociaciones ciudadanas de la provincia de Castellón. Aunque, según destaca el alcalde de Nules, David García (CeN), al final, el objetivo que todos perseguían «era que se anulara el decreto y es lo que se ha conseguido», por lo que la noticia es positiva, independientemente de a quién dé respuesta la motivación del tribunal en su resolución.

Resulta obvio que la anulación ha sido recibida con satisfacción en los municipios castellonenses más afectados por la normativa estatal. Los hay que este viernes todavía no se habían enterado de lo dictado por el Supremo. Fue el caso del alcalde de Cabanes, David Casanova (Compromís), quien a falta de profundizar en las argumentaciones, celebra que por lo decidido por el tribunal «se le pueda dar el poder de decisión a la ciudadanía». A su juicio, los afectados tiene derecho a pronunciarse y ser escuchados «sobre las cuestiones que les afectan directa o indirectamente».

Tampoco conocía las consecuencias concretas de la anulación la alcaldesa de Torreblanca, Tania Agut (PP), que expuso que todavía no han podido valorar «cómo afecta al deslinde porque la persona que lleva el tema esta semana no está». A la espera de poder estudiar a fondo esos detalles, Agut considera el dictamen «un rayo de luz y esperanza». Confía que el siguiente paso sea que «decaigan todos los deslindes propuestos, porque el de Torreblanca no tiene ningún sentido. Pretender que el Prat pase a formar parte del dominio público marítimo-terrestre es una aberración».

"Era una normativa muy estricta"

Para quienes este nuevo escenario supondrá un respiro es para los dueños de viviendas que solicitaron la renovación de su concesión. Así lo señala el alcalde de Nules e incide en que «el Reglamento General de Costas anulado repercutía negativamente en algunos propietarios porque afectaba a la situación de prórroga de las concesiones», expone. Precisa que «se trataba de una normativa muy estricta, dado que las concesiones de dominio público marítimo-terrestre contaban con un plazo de 75 años, a contar desde la ley de Costas aprobada en 1988, y no desde la solicitud de prórroga presentada años después». Ese problema queda en suspenso a partir de ahora.

En Moncofa, Wences Alós, aplaude que «se ha frustrado la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de expropiar a los vecinos y los ayuntamientos sus propiedades». Valora que el Ejecutivo central «queda en evidencia, ya que el Supremo lo ha anulado por la omisión del trámite de consulta pública, es decir, un elemento básico en nuestra democracia, como es dar voz a los afectados».

Alós indica que están analizando si solicitan «la nulidad del deslinde de la costa de Moncofa que tiene en marcha Costas». Recuerda que en su día ya lo recurrieron, solicitando «que no se aplicase el reglamento que ahora ha sido anulado». A su vez, critica que «desde Costas en Madrid se haya dictado orden a la dirección provincial para que acelere todos los procesos de deslinde, con el agravio que supone para los pueblos costeros afectados, aunque ahora ya se sabe que no podrán aplicar este reglamento nefasto para defender nuestra franja costera», indica. Informa M. Á. Sánchez. 

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