NUEVA DENUNCIA A LAS PUERTAS DEL INICIO DE LA CAMPAÑA DE LA RENTA EN APENAS UNA SEMANA: EL 3 DE ABRIL

Los asesores fiscales culpan a la Administración de obstaculizar su trabajo en Castellón

Los profesionales se quejan de que desde la Administración se les delega más trabajo

Denuncian que hay inseguridad jurídica y se les obliga a realizar tareas de funcionarios

Reclaman que se solucione la problemática "por el bien de empresas, particulares y profesionales"

Una oficina de la Agencia Tributaria, con usuarios que buscan asesoría para tramitar su declaración de la renta.

Una oficina de la Agencia Tributaria, con usuarios que buscan asesoría para tramitar su declaración de la renta. / José Navarro

Los asesores fiscales ya no pueden más. No es la primera vez que exponen sus quejas y ahora, a las puertas de la campaña de la Renta (que arranca en una semana, el 3 de abril), han reincidido en que no se solventan «los obstáculos burocráticos persistentes por parte de las Administraciones públicas», lo que les genera una carga y afecta en los tiempos de su trabajo.

El presidente de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunitat (APAFCV), Luis Chinchilla, denunció «la difícil situación que están viviendo los colectivos profesionales en su relación con las Administraciones Públicas, por la ingente cantidad de trámites burocráticos a los que están sometidos; la gran inseguridad jurídica existente; o la atención al público que se ha visto gravemente mermada desde la pandemia».

"Los plazos ahora son demasiado breves", denuncian

La Asociación de Asesores Fiscales de Castellón, Valencia y Alicante exige «el derecho de los profesionales a la conciliación familiar, la salud, el descanso, y a recibir comunicaciones de la Administración en tiempo ordinario de trabajo». Denuncian «la existencia de plazos breves y computados en días naturales; y la indefensión de recibir masivas notificaciones por Boletines». «Nos enfrentamos a una excelsa redundancia burocrática de comunicación de datos idénticos de los administrados a diferentes Administraciones públicas o sus departamentos. Si las leyes están para cumplirlas, exigimos que se cumpla la ley 39/2015 en toda su amplitud», dijo.

Notificaciones en fin de semana y en agosto

En esa lista de trabas que señalan que vienen sufriendo en su labor profesional, en representación de los asesores fiscales, Chinchilla añadió otras problemáticas, como son «la obligatoriedad de tener que asumir tareas que son propias del funcionariado, comunicando a las Administraciones Públicas datos de los clientes, cuando ya obran en su poder esos mismos datos; así como los constantes cambios normativos; o incluso la recepción de notificaciones en fines de semana y en el mes de agosto; y muchas otras cuestiones».

Para la asociación de asesores, todo ello «ha afectado gravemente a nuestra labor profesional, ya desde la crisis sanitaria del covid-19, por la imposición de una gran cantidad de trámites burocráticos por las Administraciones Públicas, fundamentalmente los de ámbito estatal, y, en lo que podríamos pensar era algo transitorio por la magnitud de lo acontecido». Con todo, «hoy la actitud no ha variado y seguimos siendo los profesionales, que asistimos a los empresarios en el cumplimiento de sus obligaciones, su única herramienta para cubrir sus ineficiencias, sin recibir la atención que las exigencias merecen, o al menos empatía y respeto».

Los mayores, cada vez más indefensos

Para APAFCV está claro que «la Administración digital se ha mostrado ineficiente, insegura y esclavizante. La seguridad jurídica de los administrados se debilita, la atención a la ciudadanía, a todos, y en especial a nuestros mayores está totalmente ausente de cumplir la encomienda que la Constitución confiere». Y agregó Chinchilla que se ven obligados «a asumir tareas propias del funcionariado, lo que nos coloca en una posición de sumisión frente a la Administración. Rechazamos el incremento en la exigencia de obligaciones con derivación de trabajos del ente público a nuestro colectivo». 

Por ello --agregó-- «los profesionales reclamamos la recuperación de los cauces de atención en la Administración, en beneficio nuestro, de empresas y particulares, y para el buen funcionamiento constitucionalmente exigible de la Administración».