El alcalde de Burriana: "El futuro de Golf Sant Gregori pasa por una solución mala... o una peor"
El pleno ejecuta la sentencia con la que se retira de la condición de agente urbanizador e incauta los avales
El equipo de gobierno (PP-Vox) apuesta por impulsar otra vez el PAI, pero con «transparencia y escuchando a los técnicos»
Foto aérea de algunas de las parcelas del PAI Sant Gregori, en el mes de junio, después de que las máquinas abandonaran las obras.
Arranca un nuevo capítulo para la urbanización Golf Sant Gregori de Burriana. El pleno del Ayuntamiento ratificó este jueves ejecutar la sentencia con la que se anula el acuerdo transaccional y la consecuente retirada de la condición de agente urbanizador. Lejos de ser el principio del fin de macroproyecto con el que se pretende urbanizar más de 2,5 millones de metros cuadrados en el litoral del municipio, el acatamiento de esta demoledora resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) abre un camino de incertidumbre sobre el futuro del programa.
Por ello, el alcalde, Jorge Monferrer, expuso con claridad que "Sant Gregori no tiene una buena solución". "Me duele decirlo, pero lo único que nos queda al equipo de gobierno (PP-Vox) es elegir entre una solución mala o una peor". No obstante, de cara a las siguientes decisiones a tomar, el munícipe aseguró que «abogaremos por la transparencia, escucharemos a los técnicos municipales y nos vamos a dejar la piel para deshacer el empastre del anterior ejecutivo (PSOE-Compromís)».
La ratificación del dictamen deja sin efecto los procedimientos en marcha del cobro de cuotas y abre el plazo para que los propietarios presenten alegaciones. / Mediterráneo
Garantías
Así, la aprobación del punto con los votos a favor del Partido Popular y Vox y la abstención de los grupos de la oposición se da vía libre al ingreso de los 8,6 millones de euros de los avales (más casi 900.000 euros de recargo) a las arcas municipales. También se deja sin efecto los procedimientos en marcha de cobro de cuotas y queda abierto el plazo para que la urbanizadora presente los certificados de obra y los propietarios puedan presentar las alegaciones.
Pese a que el tono del debate fue calmado, sí tuvieron cabida varios cruces de acusaciones en los que el edil del PP, Alex Clausell, dejó entrever que la exalcaldesa, Maria Josep Safont y el exedil de Urbanismo, Bruno Arnandis, deberían dejar su acta de concejal por estar investigados.
Hay que recordar que el dictamen del TSJCV estimó que la adjudicación de la condición de agente urbanizador vulneró la normativa de contratos de las Administraciones Públicas por no permitir la libre concurrencia. El actual equipo de gobierno decidió no recurrir y encargó un informe a una empresa especializada con el fin de sopesar la viabilidad.
El pleno ordinario aprobó ayer la modificación del contrato de la prestación de energía eléctrica para sumar 32.000 euros destinados a incrementar la iluminación dedicada a la Navidad. El concejal de Servicios Públicos, Mario Trullen, explicó que «nuestro objetivo es engalanar la ciudad con el fin de atraer la llegada de turismo e incentivar las compras».
De este modo, la concesionaria ejecutará un plan para iluminar las fachadas del ayuntamiento y de la Caja Rural, además de varias decoraciones festivas, como una bola gigante a colocar en el Pla, un nacimiento 3D en la plaza Mayor, una caja regalo en la plaza de la Mercé o un espacio para hacerse selfis.
La sesión también ratificó la resolución del contrato de obras del nuevo IES Jaume I con la empresa Acciona. Así, se da el paso definitivo para licitar un nuevo proyecto y reanudar los trabajos, paralizados desde hace año y medio, como informó ayer Mediterráneo. Desde la oposición, solicitaron más firmeza con la empresa que resultó adjudicataria y pidieron que no pueda volver a presentarse al concurso. Asimismo, volvió a resurgir la polémica por la retirada de las revistas en valencià. Esta vez, Vicent Granel de Compromís preguntó si se habían adquirido ejemplares en valenciano no normativo. Al respecto, el concejal de Cultura de Vox, Jesús Albiol, alegó que «las revistas que ustedes mantenían en la biblioteca hablaban abiertamente de los Països Catalans, cuando ese término tampoco viene recogido en ninguna normativa».
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