La Fiscalía pide un informe pericial sobre el estado de las obras del PAI Sant Gregori de Burriana

La Fiscalía Provincial de Castellón solicita una pericial judicial para conocer el estado de las obras del PAI Sant Gregori de Burriana. Se trata de un movimiento más en la investigación abierta tras la denuncia de varios propietarios por la posible comisión de delitos en la tramitación administrativa del proyecto. El objetivo es acreditar que la aprobación de las cuotas a los propietarios se ajustó a las certificaciones presentadas.

En el documento al que ha tenido acceso Mediterráneo, el fiscal esgrime que interesa prorrogar la instrucción seis meses con el objetivo de «hacer posible el derecho constitucional a la tutela judicial que quedaría mermado si no se pudiera llevar a cabo una investigación suficiente». Asimismo, justifica que solicita ese informe para emitir «una adecuada valoración a la hora de dictar una resolución justa y conforme a derecho que informe sobre la realidad o no de las certificaciones de obra presentadas», argumenta. 

Asimismo, en el escrito deja constancia de que la decisión adoptada responde al avance de la instrucción y «en especial de las declaraciones periciales y la testifical del ingeniero de caminos municipal de las que se interfieren contradicciones relevantes sobre un aspecto esencial de la instrucción», en la que hay que recordar que están investigados la exalcaldesa Maria Josep Safont y el exconcejal de Urbanismo Bruno Arnandis, entre otras personas.  

Peritaje del Ayuntamiento

Por otro lado, como avanzó este periódico, el Ayuntamiento también pretende conocer el estado exacto de ejecución del PAI, cifrado en un 7,8% hasta junio del 2023, momento en que paralizaron definitivamente las obras tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por el que se retiró la condición de agente urbanizador. 

Se trata de una peritación externa que la empresa que resulte adjudicataria tendrá cuatro meses de plazo para realizar con el fin de comprobar si el porcentaje de avance de las obras es correcto o no, pudiendo ser superior o inferior. En esta línea, el Ayuntamiento quiere seguir avanzando en la liquidación del programa con el que pretenden urbanizar más de 2,5 millones de metros cuadrados de superficie ubicados en la costa. 

Por ello, miembros del equipo de gobierno, junto con técnicos municipales, se reunieron con la administradora concursal de la empresa urbanizadora. Al encuentro acudieron por primera vez los abogados expertos en temas mercantiles y en concurso de acreedores contratados por el consistorio para contar con asistencia jurídica en todo el proceso.

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Gestión directa

A todo el embrollo judicial que rodea este proyecto, que se remonta a hace más de 20 años, surge la pregunta sobre la viabilidad del mismo. Y es que la anulación de todos los acuerdos adoptados a lo largo de los últimos años han puesto el plan en la casilla de salida. No obstante, al haberse iniciado los trabajos en la zona es imposible hacer borrón y cuenta nueva. Esa es la razón por la que el equipo de gobierno (PP y Vox) encargó un informe a una empresa experta en urbanismo para conocer las opciones que quedaban sobre la mesa. 

El documento desaconsejó buscar un nuevo agente urbanizador debido a los diferentes problemas judiciales y el abandono total conllevaría la posibilidad de demandas millonarias. La opción más factible, pero no exenta de dificultades, sería optar por la gestión directa del Ayuntamiento para desarrollar la urbanización. 

El alcalde, Jorge Monferrer, declaró que «este proyecto es una gran oportunidad para impulsar el turismo»: «Vamos a hacer todo lo posible por sacarlo adelante, pero siempre con la máxima transparencia, confiando en el criterio de los técnicos municipales y mirando por el interés general».