Anulado por la sentencia del TSJCV
Burriana encarga el peritaje para liquidar el PAI Golf Sant Gregori
El objetivo es comprobar el estado de las obras, con un avance cifrado en el 7,8 % hasta junio del 2023
De los 120 millones de euros en que estaba valorado el macroproyecto habrían ejecutado seis millones
El Ayuntamiento de Burriana continúa dando los pasos preceptivos para liquidar el PAI Golf Sant Gregori tras la sentencia que anuló todos los acuerdos del proyecto para urbanizar 2,5 millones de metros cuadrados en primera línea de costa.
De este modo, el consistorio ha licitado el peritaje para comprobar el estado de las obras, que hasta junio del 2023, cuando realizaron la última certificación, habrían avanzado un 7,8% del total previsto.
Es una tarea que los técnicos de la casa no pueden asumir y, como avanzó Mediterráneo, desde el ejecutivo anunciaron que estaban redactando los pliegos necesarios para hacer este trabajo de campo.
El contrato para realizar este servicio de evaluación está valorado en unos 48.000 euros y la empresa adjudicataria contará con un plazo de 4 meses para elaborar el informe con el que pretenden comprobar si el porcentaje de avance de las obras es correcto o no, pudiendo ser superior o inferior.
Del mismo modo, también deberán verificar si la ejecución material comprobada corresponde al importe de algo más de seis millones de euros, de los 120 millones en que estaba valorado el macroproyecto en su totalidad.
Cabe recordar que las labores de urbanización arrancaron en enero del 2021 y fueron paralizadas dos años y medio después.
Desglose
El documento de los pliegos de contratación incluye el desglose de los importes destinados a las partidas iniciales. El grueso del gasto, unos 2,5 millones, fueron a parar a movimientos de tierra, 776.000 euros para la red de drenaje, medio millón en demoliciones y reposiciones, otro medio millón para el parque de ribera y acondicionamiento del Clot y otros desembolsos en gestión de residuos, plan de vigilancia ambiental, jardinería o tareas de recuperación del frente litoral.
El adjudicatario no tendrá que comprobar los capítulos de seguridad y salud ni los referidos a arqueología, puesto que existe documentación que constata los trabajos realizados y que están valorados en más de un millón.
Se trata de una labor minuciosa, pero necesaria para abrir un nuevo capítulo en el PAI tras la anulación del acuerdo transaccional por un dictamen del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de mayo del 2023, justo a las puertas de las elecciones municipales.
Con el cambio de gobierno a PP y Vox, decidieron no recurrir y acatar la sentencia que abrió grandes interrogantes sobre el devenir del proyecto. Un informe independiente avala que el desarrollo urbanístico sería viable mediante gestión directa del consistorio.
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