Un pleno extraordinario y urgente

Nadie sabía ni entendía por qué si hacía poco que se había celebrado el correspondiente pleno ordinario se convocaba otro pleno extraordinario y urgente para tratar un solo punto del orden del día. 

El equipo de gobierno se resistía a confesar la razón de que la primera Declaración de Minimización de Impacto Territorial que llegaba al pleno de Onda para legalizar una casa de campo construida ilegalmente debía ser tramitada con tanta urgencia y excepcionalidad.

Si la casa estaba ahí hace más de diez años ¿por qué correr tanto? ¿Por qué no se incluyó en el pleno ordinario anterior? La respuesta la supimos después: un juez había declarado que construir la casa era delito y había condenado a una pena de cárcel a la dueña. De cárcel, sí. Y la gravedad de la situación exigía darse toda la prisa necesaria. 

Obligación de comunicar

Construir en suelo no urbanizable es un delito castigado hasta con dos años de prisión. El ayuntamiento (cualquiera) está obligado a comunicarlo al Ministerio Fiscal, porque si no lo hace se convierte en encubridor del delito. Y, cuando lo hace, como correctamente lo hizo el de Onda, lo normal es que acabe con una pena de cárcel y una orden de derribo de la casa ilegal.

La cuestión es que, si la casa estuvo finalizada antes del 20 de agosto de 2014, esta se puede legalizar y el infractor puede salvarse de la pena de cárcel y del derribo. Pero nadie avisó a la vecina de que tenía esta posibilidad extraordinaria. Tuvo que ponerse en contacto con la Generalitat valenciana para que le dieran una solución a su gravísimo problema. Y, Carmina Ballester, alcaldesa de Onda, se resistió a la legalización hasta que la gravedad del asunto ya no pudo mantenerse más.

Urbanista

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