Castellón retiene a tres de cada cuatro empresas llegadas desde Cataluña por el 'procés'

Ocurrió hace más de seis años, pero vuelve a la primera línea de la actualidad política cada cierto tiempo. El procés de independencia catalán provocó el cambio de domicilio social de miles de empresas, ante la incertidumbre que generaba la tensa situación de aquel momento. Madrid se llevó la mayoría, mientras que la Comunitat Valenciana albergó a dos de las más importantes: CaixaBank y el banco Sabadell. Un fenómeno que también tuvo su reflejo en Castellón.

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Desde el mes de octubre del 2017, cuando se realizó el referéndum ilegal en Cataluña, hasta el pasado mes de noviembre, son cerca de 200 las firmas que desplazaron su sede desde la comunidad vecina hasta tierras castellonenses, tal y como señalan desde la delegación autonómica del Colegio de Registradores de la Propiedad. En cambio, muy pocas han seguido el camino inverso, unas 50, por lo que se desprende que tres de cada cuatro firmas que se marcharon optaron por quedarse.

Pretensión

El asunto vuelve a estar candente ante la pretensión de Junts de que regresen las empresas a Cataluña, incluso con la idea de interponer multas a las que no tomen el camino de vuelta. Para ello, se pidió el apoyo del Gobierno de Sánchez. A día de hoy no parece probable este extremo.

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Desde el ejecutivo central se limitan a decir que están abiertos a ayudar en esta labor, mientras que la idea no entusiasma en el propio gobierno catalán --dirigido por una Esquerra que echó a Junts del poder-- y ha causado la indignación de su clase empresarial.

Reacciones

El mismo estupor se manifiesta en Castellón. La presidenta de la Cámara, María Dolores Guillamón, cita a la Constitución. «En su artículo 38, establece la libertad de empresa como uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. En este sentido, los accionistas o socios de una empresa podrán establecer el domicilio social donde política, económica y empresarialmente les interese».

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Una línea parecida es la del presidente de la patronal CEV Castellón. Luis Martí considera «imperativo respetar el derecho de libertad de empresa», de modo que las compañías «deben poder elegir dónde se establecen, mientras que el poder ejecutivo o legislativo lo que deben propiciar es el respeto a esa libertad, y no aceptar, cuestionar, sancionar o alentar nada». Concluye que ese derecho «no puede estar en la mesa política de ninguna negociación; lo contrario sería un atropello».

Periodo clave

Los movimientos en el registro mercantil no suelen aportar detalles precisos sobre las razones de un cambio de domicilio fiscal. Pero solo hay que tener en cuenta un detalle: más de la mitad, con 107 casos, se dieron entre octubre del 2017 hasta octubre del 2019, cuando se conoció la sentencia del juicio a los responsables del procés y se originaron numerosos altercados en las principales ciudades catalanas.

A partir de este momento, el goteo ha sido mucho menor. Según las cifras aportadas por los registradores, en el 2020 hubo 17 casos, al año siguiente pasó a 18, se redujo a 15 en el 2022 y hasta octubre del 2023 fueron 11. En cambio, el año con más firmas que tomaron el trayecto contrario fue el 2020, con un total de 18.

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