Debate social en Burriana tras la sentencia que anula Sant Gregori

Los ecos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula la condición de urbanizador a Golf Sant Gregori siguen resonando con fuerza. El debate social en torno al macroproyecto urbanístico en la costa de Burriana se reaviva por el futuro incierto, fruto del demoledor auto emitido la semana pasada a pocas horas de los comicios electorales del 28 de mayo.

La asociación de propietarios a favor del PAI manifestó a través de un comunicado que están estudiando toda la información posible para elaborar un plan de acción y defender sus intereses. 

Explicaron que tras conocer este nuevo capítulo judicial están «analizando todas las derivadas jurídicas, penales y patrimoniales que de la misma sentencia se puedan desprender». Para ello, cuentan con el expediente de tramitación del convenio urbanístico que se inició el 29 de junio de 2005, firmado por el alcalde de aquel momento, Alfonso Ferrada. 

Detallaron que, a la vista de la cuantiosa documentación, pueden «calificar la gestión municipal durante estos últimos 18 años de nefasta». Con todo, permanecen a la espera de recabar más datos para efectuar el siguiente movimiento. Al mismo tiempo, están expectantes de que «el equipo de gobierno que surja de los comicios se pronuncie sobre el tema y adopte las primeras decisiones». 

Posturas

Lo cierto es que la sentencia levantó polvareda en el último pleno extraordinario, donde los partidos dejaron claras sus posturas, desde reivindicar las advertencias realizadas durante estos años por la omisión de los informes de los técnicos municipales desfavorables, hasta la petición de responsabilidades por el daño que puede suponer.

La victoria del PP en los comicios y el posible pacto con Vox suman más interrogantes al futuro del plan

El cambio de ejecutivo al frente del consistorio, con la victoria del Partido Popular y el posible pacto con Vox tras los comicios del 28M, levanta todos los interrogantes sobre qué movimientos realizarán. 

En declaraciones durante la campaña, el candidato popular, Jorge Monferrer, aseguró: «A nosotros lo que más nos preocupa son los propietarios que se encuentran en un callejón sin salida y una ciudad que ve cómo un proyecto que podría ser transformador se apaga». Por su parte, Juan Canós (Vox) defendió que «Sant Gregori claro que sí, pero siempre con garantías financieras y con la ley en la mano».

Lo cierto es que el tiempo corre y el consistorio tiene de plazo hasta el 30 de julio para interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo. 

Efecto: volver a la casilla de salida

La plataforma Asnade, grupo que aglutina a propietarios en contra del PAI Sant Gregori, convocó ayer una asamblea abierta a la ciudadanía con el objetivo de acercar las consecuencias derivadas de la anulación de la condición de agente urbanizador. A grandes rasgos, el efecto más directo dentro del plano administrativo en el caso en que se ratifique el auto sería la de volver a la casilla de salida, es decir, el proyecto retrocedería al 11 de marzo de 2010 con la rescisión del anterior agente urbanizador y la incautación del aval por valor de más de 8 millones de euros. 

La abogada explicó que en el momento en que la sentencia sea firme (aunque antes el consistorio debe decidir si presenta recurso de casación o no), se adoptará el acuerdo de nulidad mediante aprobación del pleno y, seguidamente, se abriría un expediente contradictorio de indemnización para tramitar la devolución de cuotas y presentación de posibles daños patrimoniales. 

A partir de ahí, el Ayuntamiento podría optar por la gestión directa (inviable por la cuantía del contrato) o buscar otro urbanizador. Con todo, solicitarán la paralización del cobro de cuotas que se están realizando, algunas de forma voluntaria y otras con apremios.

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