El PSPV de Castellón confía en que la ley contra la despoblación dará más oportunidades al interior

El secretario general del Partido Socialista en Castellón, Samuel Falomir, muestra su convencimiento de que la nueva ley valenciana contra la despoblación, cuya tramitación emprende la recta final, marcará un punto de inflexión para afrontar los problemas que sufre una buena parte de los municipios de la provincia.

Además de poner el acento en que se trata de una norma pionera en España, Falomir menciona que desde hace muchos «se habla del reto demográfico en la Comunitat Valenciana pero nunca antes ningún gobierno se había decidido a coger el toro por los cuernos». Con la aprobación del documento, prevista para septiembre, «Castellón contará con un decálogo de acciones para rejuvenecer las áreas de interior».

En este sentido, destaca que la ley incluye en su articulado actuaciones para garantizar la cobertura de las prestaciones básicas y el acceso a servicios públicos fundamentales en igualdad de condiciones. Es el caso de la introducción del transporte a demanda, la llegada de la fibra óptica a todos los municipios pequeños, la ampliación del parque de vivienda pública o medidas para reducir la exclusión financiera.

Nueva dimensión

Falomir apunta que el despliegue de la ley llevará a las comarcas de interior a una nueva dimensión económica, social, cultural, medioambiental y de gobernanza. En este punto, el líder provincial destaca que la mejora en las comunicaciones o la reactivación de la actividad económica supondrá un revulsivo para que familias y empresas decidan llevar a cabo sus proyectos en estas zonas de interior», afirma.

Para Falomir, «gracias a los gobiernos de la Diputación y la Generalitat se ha avanzado mucho en los últimos años en este aspecto, consiguiendo reducir las diferencias entre los municipios populosos de la costa y los más pequeños de interior». Valora que se han dado «buenos pasos, como la creación en Castellón de la Agencia Valenciana Antidespoblación, la mejora de la financiación de los servicios públicos o la apertura de una extensa red de cajeros automáticos para acabar con la exclusión financiera». Unas medidas que considera deben ampliarse al resto de las administraciones. 

Centros de autonomía personal

Relacionado también con el reto demográfico, la diputada de Bienestar Social de la Diputación, Patricia Puerta, visitó el Servicio para la Promoción de la Autonomía Personal (SPAP) de Tírig, donde destacó que este tipo de dependencias, de las que hay 97 en toda la provincia, «suponen una mejora de las antiguas unidades de respiro y contribuyen a la lucha contra la despoblación». Puerta incidió en que estos servicios «son claves para facilitar que la gente mayor pueda seguir residiendo en sus pueblos, lo que, a su vez, ayuda a que los familiares mantengan la vinculación con los municipios de origen».