Congreso nacional contra la despoblación

Martí pide facilitar los contratos con las empresas locales de Castellón

El presidente insta a activar cambios legales para dinamizar la economía del interior

El presidente de la Diputación de Castellón, José Martí (2º dcha.), participa en el congreso sobre despoblación.

El presidente de la Diputación de Castellón, José Martí (2º dcha.), participa en el congreso sobre despoblación. / MEDITERRÁNEO

C. González

Cambios normativos que faciliten la contratación de empresas locales por parte de la administración local es la medida que el presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, reivindicó este viernes para combatir el éxodo rural en la segunda jornada del IV Congreso Nacional de Despoblación y Reto Demográfico que se ha celebrado estos días en Albacete.

Martí se mostró convencido de que las diputaciones y los ayuntamientos deben tejer alianzas con otras administraciones para cambiar o derogar lo antes posible las leyes, decretos y reglamentos que dificultan el desarrollo de proyectos empresariales, muchas veces de índole familiar, en el conjunto del medio rural. 

Traslado al Gobierno

El presidente provincial, acompañado del diputado de Desarrollo Rural, Santi Pérez, transmitió este planteamiento directamente al secretario general de Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Paco Boya.

Una de las cuestiones sobre las que se mostró más preocupado Martí es la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local y la Ley de contratos del sector público, «porque afectan de forma muy negativa al día a día de nuestros pueblos». 

En su opinión, «resulta antinatura que en pequeñas poblaciones no se pueda contratar de forma directa con los comercios o empresas locales y haya que activar una licitación de la que se acabará beneficiando una empresa de fuera», apuntó.

Son condicionantes que, en su opinión, «van en contra de los pueblos y hacen mucho más complicado el emprendedurismo rural». Según expresó el dirigente provincial, «si se nos obliga a licitarlo todo, en muchos casos las adjudicatarias terminan siendo empresas de fuera y el beneficio económico que implican nuestras actuaciones se va fuera y no repercute en nuestros pueblos».

Garantizar el empleo

Por su parte, Pérez valoró que «de lo que se trata es de crear las condiciones que permitan generar puestos de trabajo en nuestros pueblos, y es razonable que los alcaldes de pequeños pueblos luchemos porque la actividad que somos capaces de generar repercuta en nuestros municipios, que si tenemos que hacer una obra, quienes trabajen sean personas que viven aquí». 

El diputado añadió que «no pueden aplicarse las mismas normas a ayuntamientos de Madrid o Barcelona que a los de pueblos como Forcall, del que soy alcalde, creo que es algo razonable y que todo el mundo puede apoyar».