Nules gana el juicio por quedarse la gestión del parking subterráneo

En el 2018, el parking subterráneo de Nules volvió a prestar servicio después de años cerrado por el abandono de la gestión por parte de la concesionaria. El Ayuntamiento asumió el contrato y se hizo cargo de las instalaciones, razón por la que la entidad bancaria que había financiado la construcción a la empresa Sedesa a través de una hipoteca demandó ante los tribunales al municipio y exigió una indemnización que superaba los 2,5 millones de euros. Los tribunales se han pronunciado y han dado la razón al consistorio.

Así lo confirmaron ayer desde el Ayuntamiento de Nules, donde recordaron que el cálculo que realizaron en su momento para compensar por la retirada de la concesión era de 750.000 euros. La sentencia, según explican fuentes municipales, reconoce la defensa desde el primer momento, fundamentada en que «no podía trasladarse al contribuyente la pérdida de valor de las inversiones y el riesgo de un negocio fallido que revierten en la empresa concesionaria». 

Ese mismo argumento se esgrimió desde el primer día, cuando la mercantil anunció en el 2013 el cierre de las instalaciones por las pérdidas acumuladas. 

Concurso de acreedores

Cuatro años después, como detallan desde el Ayuntamiento, «presentó concurso de acreedores» lo que supuso el inicio de la liquidación de la empresa lo que, desde un punto de vista legal, obligaba al municipio a «resolver el contrato e indemnizar por el pago de la responsabilidad hipotecaria». El hecho de que se exigiera esa respuesta es porque el propio consistorio autorizó la hipoteca en pleno.

La resolución del juzgado nº 2 de la Contencioso-Administrativo de Castellón desestima así en primera instancia la demanda interpuesta por Caixabank, aunque el Ayuntamiento recuerda que tienen derecho a recurso.

Controversia desde el inicio

El aparcamiento subterráneo de Nules ha sido motivo de controversia desde el día en que el Ayuntamiento decidió construirlo. Fue en la legislatura 2005-2009, siendo alcalde Salvador Górriz. El equipo de gobierno formado por PSOE e IPN votó a favor de una infraestructura que la oposición rechazó y el proyecto se puso en marcha.

Los retrasos en la ejecución fueron acumulándose por distintos motivos, con las evidentes molestias que ello generó en una de las vías principales de comunicación del municipio. Finalmente, entró en funcionamiento hasta que en 2013, la empresa dijo que las pérdidas no compensaban el mantenimiento de la actividad y cerró.

La decisión de recuperar la concesión también fue polémica desde un punto de vista político, pero el equipo de gobierno --en aquel momento el cuatripartito de CCD, IPN, PSOE y Més Nules-- defendió la necesidad de intervenir para dar utilidad a una infraestructura de esas características e intervino.