Al lado de las personas

La semana pasada se dio un paso importante al votarse, en el pleno del Senado, la Proposición de Ley relativa a la modificación de la actual ley de Costas, para permitir la pervivencia de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre estableciéndose, para ello, un nuevo marco normativo y un triple control por parte de las administraciones: local, autonómica y estatal.

Este cambio prevé la protección y singularidad de los denominados poblados marítimos que se encuentran diseminados a lo largo de los más de 7.900 kilómetros con los que cuenta el litoral español, con viviendas construidas a principios del siglo donde todo lo que entonces había frente a ellas era una playa extensa. Construcciones que hoy en día aportan un importante valor patrimonial, etnológico y turístico, también para nuestra provincia, permaneciendo a lo largo de nuestro maravilloso litoral en municipios como Torre la Sal en Cabanes, Nules, Moncofa o Xilxes.

Pero ya se sabe, cuando en la gestión pública prevalecen los criterios ideológicos sobre el sentido común y la voluntad se confunde con no abordar los problemas, estos tienden a agravarse, comprometiéndose la eficacia de las acciones y la eficiencia de las soluciones, pagando la ciudadanía los platos rotos.

Deslindes

Y es que demasiados años lleva el ministerio sin buscar ninguna solución real, eficaz, efectiva y permanente a la regresión que sufre nuestra costa sin las inversiones necesarias para, al menos, dejar de agravar el problema y mitigarlo. La falta de un plan medidas de protección ha provocado que, en los últimos 25 años, el mar haya ido engullendo metros y metros de playa en algunas zonas a causa de la regresión del litoral marítimo provocando que estas viviendas, aun siendo legales, estén amenazadas por los nuevos deslindes de dominio público.

Y es que lo que hace peligrar las casas de todos los afectados son los nuevos deslindes del dominio público marítimo-terrestre, promovidos por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que, desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, pretende derrocar estas pequeñas viviendas consolidadas y habitadas en primera linea de costa y afectadas ahora por una nueva alineación.

El consiguiente dolor de cabeza de los propietarios, es de imaginar. Cartas anunciando que sus bienes van a ser confiscados por el Estado o, directamente, ordenes de demolición sin entregarles nada a cambio. En el mejor de los casos, otorgándoles una concesión temporal cuyo plazo una vez expirado, les supone perder su propiedad.

Ciudadanos de nuestra provincia, cuyo único delito es el ser propietarios de una pequeña vivienda en primera línea de costa y cuya única solución, no puede ser la de derribar. Viviendas que fueron perfectamente legales en el momento que se construyeron y con propietarios que han cuidado, generación tras generación, un legado heredado de padres a hijos cuyo valor de mercado nada tiene que ver con el emocional, ya que su valor sentimental es incalculable.

Equilibrio

Por eso se hace necesario decir sí, a la propuesta de la modificación de la ley. Un texto que asegura el necesario equilibrio entre los derechos de estas familias y la necesaria preservación de los ecosistemas y la protección del entorno. Decir sí a proteger esos edificios tan singulares que, englobados en núcleos urbanos, estén perfectamente integrados en el entorno costero y cumplan con los requisitos de poseer unos valores culturales, históricos o etnográficos, merecedores de ser conservados de tal forma que, su demolición, no suponga una pérdida de los mismos.

Lo deseable para todos sería que el PSOE hubiese estado a la altura, sin impedimentos ni ideologías, pensando en las personas en vez de demoler sus viviendas, porque eliminarlas de nuestro paisaje litoral supone dejar espacios totalmente degradados y carentes de cualquier valor medioambiental.

Alcalde de Benicàssim y senadora