El PSPV denuncia el despilfarro de casi 40.000 euros al año para mantener un asesor sobre consultas de la Marjaleria

El grupo municipal socialista califica de “despilfarro para las arcas públicas” del puesto de asesor creado por PP y Vox en el Ayuntamiento de Castelló en una “supuesta oficina de atención urbanística de la Marjaleria que lo único que sirve es para ser una mera cita previa ya que el responsable de ese servicio, el señor Jorge Begués, no tiene capacidad jurídica ni técnica para resolver nada”.

En el último pleno celebrado en el consistorio la concejala socialista Mary Carmen Ribera, en el apartado de ruegos y preguntas, reclamó a la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, que se elabore un informe con la relación pormenorizada de las atenciones realizadas por Begués desde su nombramiento.

Al respecto, la edil considera afrima que “los y las castellonenses tienen derecho a saber cómo el PP se gasta casi 40.000 euros en un puesto que absolutamente prescindible, porque lo único que se hace en esa oficina es coger datos de las personas que acuden a resolver dudas, para después remitirlas a la técnica que, de verdad, tiene la capacidad de aclarar las preguntas urbanísticas sobre la Marjaleria”.

Según Mary Carmen Ribera, “la alcaldesa, en su contestación en el pleno, volvió a tirar balones fuera” al señalar que lo que ha hecho el equipo de gobierno es "cumplir con la propuesta que se hizo en la campaña electoral de establecer una oficina que resuelva dudas en la propia Marjaleria". Al respecto, la edil socialista añade que “eso es como no decir nada, porque lo que realmente le importa a la ciudadanía es saber que esa oficina cuesta casi 40.000 euros y que es, con toda seguridad, prescindible”.

El propio concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, en la comisión de estudio del pasado 4 de septiembre, dijo sobre la oficina de la Marjaleria que la información y las tareas urbanísticas las lleva a cabo la técnica municipal que fue destinada a la tenencia alcaldía del Grau por el concejal del anterior gobierno. Por ello, se pregunatn “qué sentido tiene gastarse casi 40.000 euros en un mero servicio de cita previa, por mucho autobombo que se quieran dar en los medios de comunicación”.